La presente ley nace con el objeto de “proteger el sistema financiero y la economía nacional”, por lo que establece medidas y procedimientos que contribuyan a “investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, según apunta el artículo 2. Así, tipifica diferentes “actividades vulnerables”, las cuales deberán acatar la ley.
De este modo, la norma impone obligaciones para todo aquel que realice actividades consideradas vulnerables, las cuales se encuentran recogidas en el artículo 17. Son las relacionadas con los juegos de apuesta, concursos o sorteos; la comercialización de tarjetas de crédito, de prepago o cheques de viajero que no hayan sido emitidas por entidades financieras; la prestación de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles; o la comercialización de joyas, piedras preciosas, obras de arte o vehículos, entre otras.
Cómo deben actuar las empresas que realicen actividades vulnerables
Para que un acto sea calificado de vulnerable hay que considerar, igualmente, “el monto de la operación, esto es, que rebase ciertos umbrales establecidos en la ley”, recuerda Juan Carlos Partida Poblador, secretario de la Comisión de Comercio Internacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
En esta línea, según indica el artículo 18, quienes realicen actividades susceptibles de incurrir en lavado de dinero deben, en primer lugar, proceder a la identificación de los clientes y usuarios, así como solicitar información sobre su ocupación. También, es obligatorio custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable y que identifique a los clientes o usuarios. Esta deberá conservarse por un plazo de cinco años, ya sea en formato físico o electrónico.
Además, la ley incluye prohibiciones e impide la posibilidad de aceptar el pago en efectivo de ciertas operaciones que alcancen el máximo permitido. Por ejemplo, está prohibida la compra-venta en monedas, billetes o metales preciosos de aquellos vehículos cuyo valor sea igual o superior a 3.210 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Finalmente, las empresas deben colaborar y entregar la información en caso de inspecciones y presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los avisos correspondientes respecto del acto relacionado con la actividad vulnerable del que se quiera informar.
Sanciones para quienes no informen debidamente
La Ley Antilavado hace hincapié en que la presentación de los avisos ante la Secretaría “no implicará para quienes realicen actividades vulnerables transgresión alguna de las obligaciones de confidencialidad o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o cualquier otro que prevean las leyes”. Por ello, insiste en que estos colaboren con las autoridades para evitar ser sancionados.
Y es que el texto afirma que la Secretaría podrá poner en práctica las denominadas “visitas de verificación”, encaminadas a comprobar que las empresas están cumpliendo con sus obligaciones. Por tanto, quienes se abstengan de presentar los avisos o desobedezcan los requerimientos de la ley, deberán hacer frente a una multa equivalente a 200 y hasta 2.000 días de salario mínimo general. En otros supuestos la sanción puede ascender hasta los 10.000 e, incluso, los 65.000 días de salario.
La Ley pasará “inadvertida”
En opinión de Poblador, “las disposiciones de esta nueva Ley Antilavado pasarán inadvertidas en los primeros meses de su entrada en vigor”, lo cual se explica, bajo su punto de vista, por dos motivos: la poca difusión sobre su existencia y la indefinición sobre el alcance y aplicación de sus disposiciones. Por ello, lo más conveniente será dejarse asesorar por un profesional.
La ley, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 17 de octubre de 2012, dotará al Gobierno mexicano de nuevas herramientas para luchar contra el blanqueo de dinero y, de esta manera, ayudar a erradicar el crimen organizado. Según datos de la Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores y que recoge CNNExpansión, el lavado de dinero en el país alcanza anualmente la escandalosa cifra de 3 billones de pesos.